La Junta Nacional de Justicia (JNJ), dirigida por María Teresa Cabrera, se ha convertido en un instrumento legal para controlar o desplazar a jueces y fiscales cuya independencia incomoda a las autoridades políticas. A cualquier decisión jurídica o administrativa se le inicia prontamente un proceso disciplinario o se amenaza con iniciarlo, contemplando la suspensión y propuesta de destitución. Cuando el fujimorista Fernando Rospigliosi dijo: «vamos a barrer el Poder Judicial», hablaba muy en serio.
Con el paso de los meses, y tras seguir los procedimientos necesarios, estas amenazas se convierten en sanciones definitivas. Recientemente, la JNJ, ante una denuncia ciudadana, ha iniciado un proceso disciplinario contra los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez. Estos magistrados cuentan con una trayectoria reconocida y han llevado casos complejos. En el pasado, el doctor Prado Saldarriaga fue uno de los jueces que condenó al dictador Alberto Fujimori y la doctora Bascones integró el equipo que investigó los Vladivideos y la corrupción durante el régimen fujimorista.
#Política | ⚖️🚨 El congresista Alejandro Muñante denunció ante la JNJ a cinco integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por presuntas faltas muy graves. La acusación cuestiona resoluciones sobre designaciones y conformación de salas judiciales. 🏛️📑#AlejandroMuñante… pic.twitter.com/dl8mBInhLT
— La Noticia Perú 🇵🇪 (@lanoticiaperu_) June 27, 2026
La JNJ busca sancionarlos por inaplicar la Ley N° 32107 en un caso de violación de derechos humanos, siguiendo los tratados firmados por Perú y la jurisprudencia nacional e internacional. Además, hay procesos en curso contra los jueces nacionales Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. El primero ya ha sido suspendido por seis meses. Según la ley, los temas jurisdiccionales no deben tratarse en un proceso disciplinario. Si alguien no está conforme con una decisión, puede apelar y recurrir a otros mecanismos legales para cuestionarla.
La situación ha llegado a tal punto que solamente mencionar a la JNJ se utiliza como herramienta para influir en las decisiones de los magistrados. La JNJ ha pasado de ser un organismo de control disciplinario a un instrumento de presión política. Esto se ha evidenciado con la crisis en la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada tras el nombramiento de ocho nuevos jueces titulares.
La Junta Nacional busca descabezar al Poder Judicial. Iniciaron proceso a la Sala Penal Transitoria y ahora ponen en la mira al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la máxima instancia de gobierno administrativo de este poder del Estado.https://t.co/DDA7f6wdYz
— César Romero C (@CesarRomeroC) June 30, 2026
Estos nuevos jueces, entre ellos Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante y otros, fueron presionados para asumir el control de la Corte encargada de los casos más complejos del país. Se les indicó que esta era su «responsabilidad patriótica» y que si no la asumían, enfrentarían procesos disciplinarios por no defender sus derechos.
La presión fue tan fuerte que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras, renunció tras rechazar una resolución que extendía su mandato hasta diciembre. Actualmente, la Corte tiene un presidente que ha dimitido y no hay ninguna instancia para designar o elegir a su sucesor.
Se agrava la crisis en la Corte Penal Nacional. Su presidente Jhnony Contreras presentó su renuncia a la prorroga a su mandato como presidente.
En el fondo la @JNJPeru blande una espadahttps://t.co/obJwkLkGzS
— César Romero C (@CesarRomeroC) June 25, 2026
El «Pacto» designó a Muñante para iniciar ejecución
Para aclarar que no se trata solo de una amenaza, un informe publicado por el diario La República señala que en el Pleno de la JNJ se discute una propuesta para iniciar una investigación a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, la máxima instancia administrativa de este poder del Estado. La iniciativa responde a una denuncia presentada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. De prosperar, esta denuncia podría desestabilizar al Poder Judicial, dado que el Consejo es su órgano principal de gobierno administrativo.
La denuncia está dirigida contra el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga. También incluye a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, Ramiro Bustamante Zegarra, Jhonny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández, acusándolos de intentar proteger el buen desarrollo de los procesos. El congresista Muñante solicitó a la JNJ sancionar a los miembros del CEPJ por una supuesta falta grave al extender, el 22 de junio, el mandato del juez Jhonny Contreras como presidente de la Corte Penal Nacional hasta diciembre de 2026. Según se afirma, ya se había instalado la primera Sala Plena de esta Corte.
Nuevo pronunciamiento ante normas que buscan socavar la independencia del Poder Judicial.
«Expresamos nuestra preocupación frente a iniciativas que puedan afectar la independencia funcional de los magistrados o condicionar indebidamente el ejercicio de la función… https://t.co/Bqxx9JiSBY
— Carlos Viguria (@cviguria) June 25, 2026
Sin embargo, esto último aún no ha ocurrido. Según fuentes periodísticas, el jueves 25 de junio se llevaron a cabo reuniones preparatorias para la autoconvocatoria a Sala Plena. A pesar de ello, la denuncia presentada ese mismo día 25 de junio ante la JNJ da por sentado que ya se instaló y que las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo tres días antes constituyen una falta grave.
La denuncia del congresista Muñante, los eventos en la Corte Penal Nacional y las acciones inmediatas de la Junta evidencian una serie de maniobras concertadas para desestabilizar al sistema judicial, poner en jaque a las principales autoridades del Poder Judicial y asumir el control de sus decisiones. Se busca someter a los jueces al miedo, una táctica que el PJ ya experimentó durante la dictadura de Fujimori-Montesinos y a la cual los jueces aprendieron a resistir.
Expert@s de la ONU instan a revertir acciones disciplinarias contra jueces que aplican el derecho internacional de los derechos humanos y hacen un llamado a Perú para que salvaguarde la independencia judicial.
🔗Comunicado completo en español: https://t.co/Af5O1OnqMy https://t.co/Jy6WZk2QyO pic.twitter.com/B6JycKzLRJ
— ONU Derechos Humanos Perú (@OACNUDHPeru) June 25, 2026
Texto: WSV / Con información de La República
Foto: Composición
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