Periodista peruana prapara su funeral ante amenazas por informar delitos ambientales
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La periodista peruana Geraldine Santos, con apenas 30 años, ya ha comenzado a organizar los detalles de su propio funeral. Santos explica que, debido a las múltiples amenazas que ha recibido mientras investigaba el narcotráfico de cocaína y los delitos ambientales en la selva amazónica, ha solicitado a su familia que se comunique con una fuente gubernamental. En caso de que su vida termine trágicamente, esta persona podría colaborar en la ubicación de su cuerpo.

Al expresarlo, Santos confiesa que su mayor deseo sería que sus padres tuvieran la oportunidad de ofrecerle un entierro digno. Estas declaraciones fueron compartidas por la periodista durante una visita a Lima, donde el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) evaluaba el estado actual de la libertad de prensa en el país.

 

 

De acuerdo con periodistas locales, diplomáticos y expertos legales entrevistados por el CPJ, los ataques de grupos criminales contra reporteros, sumados a la creciente hostilidad del gobierno hacia los medios y al debilitamiento de las instituciones democráticas, han llevado a una preocupante y persistente crisis en la libertad de prensa en Perú.

Un informe divulgado este año por Voces del Sur, organización que reúne a 17 entidades latinoamericanas defensoras de la libertad de expresión, revela datos alarmantes: en 2025, el 61% de los ataques contra periodistas y medios en Perú fueron perpetrados por funcionarios públicos. Los comunicadores regionales se han convertido en blancos principales, tal como lo demuestra el asesinato de cuatro periodistas en localidades pequeñas fuera de la capital en el último año: Gastón Medina Sotomayor, Raúl Célis López, Juan Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa. Estas muertes representan la mayor cifra registrada desde la década de 1980, marcando un periodo comparable solo al conflicto armado interno que vivió el Perú en el siglo XX.

 

 

Perú enfrenta serios desafíos en materia de libertad de prensa, agravados por una profunda crisis de seguridad caracterizada por redes de extorsión, asesinatos por encargo y un alarmante incremento del 137% en los homicidios entre 2018 y 2024. Según un informe de Human Rights Watch, esta situación se ve favorecida por la inestabilidad política del país, donde se han sucedido ocho presidentes en los últimos diez años. Además, el Congreso ha dado luz verde a las denominadas leyes «pro-crimen», que debilitan la capacidad de los tribunales y fiscales para actuar contra los criminales.

David Jara Espinoza, fiscal encargado de investigar delitos en perjuicio de defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, destaca la gravedad del panorama al señalar que el crimen organizado ha mostrado un crecimiento desmesurado. Según sus palabras, el entorno actual es marcado por una violencia extrema.

 

 

En un contexto marcado por el incremento de la delincuencia organizada, la violencia letal contra los medios de comunicación ha registrado un preocupante aumento. Según informaron fiscales gubernamentales al CPJ, los casos relacionados con los asesinatos de Medina, Célis, Guevara y Tenazoa siguen prácticamente estancados, sin avances significativos en los procesos judiciales.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, destacó que estos crímenes ocurren en un ambiente de hostigamiento constante hacia los periodistas por parte de las instituciones gubernamentales. En su informe de 2025, la ANP reportó un total de 458 ataques contra integrantes de la prensa, lo que representa un incremento del 17 % en comparación con 2024. Cerca de la mitad de estas agresiones fueron vinculadas a funcionarios del sector público.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

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