El Gobierno de Perú le comunicó hoy a Uruguay que no existe persecución política “de ningún tipo” contra el expresidente Alan García, quien ingresó el sábado pasado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para solicitar asilo mientras es investigado por un presunto caso de corrupción.
La posición oficial de Perú fue expuesta en una nota diplomática entregada por el vicecanciller Hugo de Zela al embajador uruguayo, Carlos Barros, durante una reunión de unos 30 minutos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La información entregada a Barros “recalca que en el Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó la Cancillería en una nota de prensa.
Puntualiza que en Perú “no existe persecución política de ningún tipo” y que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del expresidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.
Al término del encuentro, Barros dijo a la prensa que remitirá la nota diplomática de inmediato a su país, aunque aclaró que su Gobierno se tomará “todo el tiempo que sea necesario” para decidir sobre el pedido de García.
El vicecanciller De Zela explicó luego a Efe que el Gobierno de Perú mantendrá una posición “neutral” y “lo más apegada a la ley” en su trato con Uruguay respecto al pedido de García, y no considerará ninguna reacción ante cualquier posible decisión de Montevideo sobre el caso para no influir en la misma.
Según agregó, la nota diplomática enviada al presidente Tabaré Vázquez expone la posición de Perú sobre la vigencia del Estado de Derecho, independencia judicial y democracia en el país e incluye también otros documentos “de conocimiento público” sobre las acusaciones e investigaciones fiscales que pesan sobre García.
En ese sentido, señaló que lo único que su país espera de Uruguay es que “considere” que en Perú hay “democracia, Estado de Derecho y separación de poderes, y que el Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones, actúa con plena autonomía, como dice la Constitución”.
“A nosotros nos corresponde exclusivamente darles el tiempo que consideren necesario, sin expresiones adicionales de nuestra parte que no corresponden”, insistió.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, adelantó este lunes que “los argumentos de la posición peruana” serían presentados hoy a las autoridades orientales, después de una conversación que mantuvo con su homólogo Vázquez en la que le pidió que “pondere la opinión de Perú”, antes de decidir si otorga esta protección al exgobernante.
Por su parte, el Frente Amplio de izquierdas peruano planteó hoy que se conforme una misión de legisladores de varios partidos para que viaje a Uruguay a informar al Congreso y a la sociedad de ese país que en Perú no existe una persecución política “sino una lucha contra la corrupción”.
El congresista Marco Arana, líder del Frente Amplio, dijo que su iniciativa ha sido bien recibida por legisladores de varios partidos, mientras que el congresista Juan Sheput, del oficialista Peruanos por el Kambio, se manifestó a favor de la propuesta y consideró que no politiza el pedido de asilo sino que busca informar sobre la situación en Perú.
Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y sólo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.
El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.
El expresidente (1985-1990, 2006-2011) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno aprista. EFE
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