“Me temo que no hay una decisión ni señales claras desde la Fiscalía de investigar hasta las últimas consecuencias el caso de las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte“, opinó el exprocurador César Azabache, tras considerar que dicha institución no tiene un discurso claro sobre lo que está haciendo en este tema.
Fue al referirse a la diligencia que se realizó en el Ministerio Público en la que se plantearon preguntas muy generales, y en el que la mandataria habría respondido con evasivas frente a las interrogantes del fiscal respecto a lo ocurrido en las manifestaciones que se registraron entre diciembre del 2022 y enero 2023.
“Primero, señales. La razón por la que hemos concentrado tanta atención sobre esta diligencia es porque el Ministerio Público —es mi impresión— no ha hecho señales claras sobre su compromiso por investigar estos crímenes. Los mensajes que vienen de la Fiscalía —lamento decirlo— son ambiguos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Ahora, primera señal, primera cuestión, entonces, fuerte: creo que el Ministerio Público no tiene un estándar de reacción que corresponda a lo que ha mostrado que sabe hacer. Creo que no tiene un discurso claro sobre lo que está haciendo en el caso, y creo que la presidenta lo único que nos ha dicho es que a la ciudadanía no le va a contestar”, acotó.
No hay una decisión clara
El abogado argumentó que esa falta de claridad se fundamenta, por ejemplo, en la creación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, en que los expedientes hayan sido derivados a Lima, y en la inexperiencia de sus integrantes.
“Está la creación de un equipo especial para que investigue los casos, pero también el reclamo de los familiares en punto que eso implica perder interacción con su desarrollo, porque los traen de provincias hacia Lima. Entonces, la decisión no suma”, señaló.
“Segundo, tengo que decirlo, no hay en el equipo ningún personaje hombre, mujer, fiscal, hombre, mujer —digo— estrella —permítame decirlo así— que represente o comunique lo que, por ejemplo, representaba traer a Marita Barreto y ponerla a los casos de Pedro Castillo”, apuntó.
No hay despliegue equivalente
César Azabache Caracciolo recordó que en el caso de Pedro Castillo hubo una dimensión comunicacional sumamente intensa en el contexto de la conformación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), y advirtió que no hay ese mismo despliegue en estos casos de derechos humanos.
“En el caso Castillo hubo una dimensión comunicacional sumamente intensa, desde la Fiscalía, con la fiscal de la nación con los fiscales atrás en cada comunicación pública, el modo en que se eligió el equipo que iba a investigar lo que se llamaron como crímenes de poder, el modo en que se organizó el equipo policial para la investigación”, mencionó.
“Cuando uno ve un despliegue de ese tipo, uno se pregunta por qué no hay un despliegue equivalente en una cosa tan grave como las 49 muertes, la mitad de ellas atribuidas a ejecuciones extrajudiciales por todos los observadores independientes que han visto en la historia. ¿Qué explica el desnivel? Yo lo que creo es que no hay una decisión, temo que no hay una decisión clara de la Fiscalía en punto de investigar esto hasta sus últimas consecuencias”, añadió.
Otros gestos ambiguos
Explicó, además, que hubo expectativas públicas sobre el interrogatorio a Dina Boluarte, por las ambigüedades que el Ministerio Público no ha sabido resolver desde que asumió el cargo la fiscal Patricia Benavides.
“Y, claro, desde esa constatación que corresponde, además, a una serie de discusiones previas que ha habido sobre otros gestos ambiguos de la Fiscalía de la Nación, que la Fiscalía de la Nación ha decidido no resolver. La cuestión sobre las remociones originales de puestos o de posiciones alrededor del caso de los Cuellos Blancos, la protesta de Víctor Cubas por el modo en que se manejó esas alternativas, el caso de la jueza Emma Benavides”, aseveró.
“Son señales que no se resolvieron y han creado una ambigüedad que en su momento tenían al costado el despliegue sobre los casos Castillo, y que ahora encuentran una situación que no corresponde al estándar de reacción en casos de máxima gravedad que la propia Fiscalía ha creado”, puntualizó.
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No contestó a la ciudadanía
Finalmente, cuestionó que en el interrogatorio fiscal a Dina Boluarte, la presidenta haya decidido responder las preguntas del Ministerio Público y no de la ciudadanía, representada por las víctimas.
“Creo que eso [las ambigüedades] es lo que ha trasladado la atención al interrogatorio. Claro, el interrogatorio tiene una clave que creo que es la más importante, que está puesta sobre el tablero. La presidenta decidió contestar a la fiscal y no a los ciudadanos y ciudadanas que estaban presentes en la sala, porque las víctimas no son solo víctimas”, indicó.
“El problema con la construcción ‘víctimas’ es que en el lenguaje general etiqueta a alguien y posterga su posición como ciudadano o como ciudadana. Sobre todo en determinados imaginarios, las víctimas son un paquete de personas que reclaman. No. Son primero personas, que son ciudadanos y ciudadanas. De modo que la presidenta de la República puesta a una diligencia, que tiene que explicar un caso en el que hay personas muertas, le contesta a la fiscal de la nación, pero no a la ciudadanía. Eso es lo que ha pasado”, enfatizó.